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Los reflectores, sobre la Corte

Con menos de 30 años de historia, la Corte Constitucional se ha consolidado, sin duda, como una de las instituciones más reconocidas y queridas por los colombianos. Sus sentencias, varias de ellas históricas, lograron romper la inercia del anquilosado aparato del Estado. Y no sin polémica, la nueva corte metió al país en discusiones sobre derechos que rompieron con los decimonónicos conceptos que por más de 100 años impuso la Carta de 1886.

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Los temas resueltos allí tocan la médula de la sociedad. La tutela, la despenalización del aborto en los casos de violación o graves riesgos para la salud de la madre, el matrimonio igualitario, la sustitución pensional, la afiliación en salud, la adopción para las parejas homosexuales, la despenalización de la dosis mínima y el derecho a morir dignamente son realidad en Colombia gracias a valientes fallos de los jueces constitucionales. Que han debido afrontar momentos delicados. Su bien ganado prestigio le alcanzó, incluso, para superar el escándalo que hace ya cuatro años –por cierto, aún sin una verdad judicial en la Corte Suprema de Justicia– generó el caso del polémico exmagistrado Jorge Pretelt por la supuesta venta de revisiones de tutela.

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Hoy, los nueve magistrados de la Corte tienen de nuevo la responsabilidad de definir trascendentales rumbos para el país. Y esto ocurre en un momento histórico en el que la polarización política alrededor de la implementación del proceso de paz con las Farc, atizada tras las recientes objeciones gubernamentales a la ley estatutaria de la JEP, agita el fantasma del choque de trenes entre los poderes públicos

La Corte ya ha tomado recientes determinaciones. Esta semana reafirmó varias de sus decisiones acerca de la JEP y marcó límites en un tema, el de las pruebas que puede practicar esa justicia en casos de extradición, que es a la vez uno de los objetados por el presidente Duque. Lo que dice el tribunal, y en esto reitera lo que ya había afirmado el año pasado al definir una colisión de competencias entre la Fiscalía y la JEP por el caso Santrich, es que la justicia alternativa tiene todas las facultades para ordenar las pruebas que le permitan establecer si una conducta criminal ocurrió antes o después de la entrada en vigor del acuerdo de paz (noviembre del 2016). Pero también, y este punto es clave, que en ningún caso esa facultad se extiende a definir la culpabilidad o inocencia de una persona pedida en extradición, como en algún momento se pretendió desde la justicia especial

Para resolver asuntos cruciales, los togados han convocado audiencias públicas que sin duda aportan luces en el debate y representan un ejercicio dialéctico que fortalece la democracia colombiana

FACEBOOK TWITTER El eventual regreso de la fumigación aérea en la estrategia contra la coca, el nuevo conflicto de competencias entre Fiscalía y JEP –esta vez por el manejo de los bienes entregados por las Farc–, así como sendas demandas contra la ley de financiamiento y contra los controles impuestos a la dosis mínima de droga en el Código de Policía, figuran en la agenda que está a punto de fallar la Corte. También, el espinoso asunto de los controles que se piden desde muchos sectores para conjurar el matoneo y la cascada de agresiones que suelen circular a través de las redes sociales. Y sin duda deberá pronunciarse de nuevo sobre el asunto clave del blindaje jurídico que ordenó en sus fallos para garantizar el cumplimiento de lo pactado en la negociación que hizo posible el desarme y la desmovilización de la guerrilla más grande y antigua del país

Para decidir en varias de esas materias, los magistrados han convocado audiencias públicas que aportan luces en el debate y representan un ejercicio dialéctico que fortalece la democracia colombiana. Sin menoscabo de la independencia entre los poderes públicos –principio que debe defenderse a toda costa, como bien lo demuestra la experiencia venezolana–, no está de más un llamado para que los magistrados tengan en cuenta los argumentos de todos los sectores, incluso de los que abiertamente se han apartado de la línea marcada por sus sentencias recientes

¿Está la Corte colegislando, como lo sostienen varios de sus críticos en el Congreso? Sin perjucio de la importancia de insistir en la sustitución voluntaria y la erradicación manual, ¿el país puede acabar con casi 200.000 hectáreas de coca que se disputan los viejos y nuevos actores del conflicto, sin la herramienta de la fumigación área? ¿Reabrir la discusión en torno a cuestiones polémicas del acuerdo de paz y de la JEP no podría generar mayores consensos políticos necesarios para su implementación, a la vez que permitiría, como sucedió con la negociación de paz del gobierno Uribe con los ‘paras’, mejorar el modelo de cumplimiento a las víctimas y el compromiso de no reincidir en el delito?

La Corte Constitucional está, pues, en un momento crucial y en la mira del todo el país. Los nueve magistrados tienen en sus manos la enorme responsabilidad de decidir lo que más les conviene a los colombianos

EDITORIAL

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